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El Complejo Cultural San Francisco ha acogido en Cáceres la jornada “Discapacidad y Empleo”, organizada por la Diputación de Cáceres como foro de reflexión y debate sobre los resultados del Programa Integra, cuya primera edición se celebró en 2018.

A lo largo de la jornada se han abordado iniciativas como la desarrollada por la Diputación de Cáceres y asociaciones denominada Diputación Integra, a través de la que se ha impulsado la contratación, por parte de los ayuntamientos, de personas con alguna discapacidad, “fijándose en sus capacidades y no al revés”, según declaró Charo Cordero, presidenta de la Diputación provincial. Cordero destacó que, “a través de este plan, entre todos, hemos conseguido que 227 personas el pasado año y otras 227 este año se levanten cada mañana sabiendo que tienen un lugar en su municipio donde ir a trabajar”.

Durante 2018, Mensajeros de la Paz Extremadura fue la organización responsable del asesoramiento y seguimiento de la contratación de 47 personas con discapacidad por parte de 42 ayuntamientos de las comarcas de Sierra de Gata, Las Hurdes, Valle del Alagón y Ribera de Fresnedosa. En esta segunda edición, Mensajeros de la Paz Extremadura prestará asesoramiento a cinco localidades más. En total, en 2019 la asociación va a asesorar a 46 ayuntamientos cacereños. 

Mensajeros de la Paz Extremadura ha sido una de las organizaciones sociales que ha expuesto su experiencia durante la jornada celebrada en la capital cacereña. Durante su intervención, Mercedes Murias Millán, presidenta de la oenegé ha realizado un balance positivo de la experiencia y ha hecho una propuesta para su reflexión tras señalar el siguiente dato: De las 47 contrataciones efectuadas el pasado año por 42 municipios asesorados por Mensajeros de la Paz Extremadura, solo 19 eran personas con discapacidad intelectual.

 “Nos encontramos ante dos retos importantes”, declaró Mercedes Murias. “Por un lado, desde nuestra oenegé consideramos necesario que los ayuntamientos primen en sus bases el término discapacidad intelectual y, por otro, necesitamos garantizar que las personas contratadas a media jornada durante un año no se vean obligadas a abandonar los recursos públicos por tener que dejar su plaza al incorporarse al mercado laboral”.

En opinión de Murias, “las bases deberían primar las contrataciones de personas con discapacidad intelectual y se debería implementar un modelo que permita a las personas contratadas conjugar su puesto de trabajo con la asistencia al Centro público Ocupacional”. Los datos oficiales avalan esta idea sostenida sobre el hecho de que "son las personas con discapacidad intelectual las que mayores dificultades encuentran cuando deciden incorporarse al mercado laboral". 

Según los datos facilitados por la directora gerente del SEPAD, Consolación Serrano, “el 8% de la población de Extremadura tiene algún tipo de discapacidad y una de cada cuatro personas con discapacidad tienen empleo; la tasa de paro en este colectivo es de diez puntos superior a la media; la tasa de empleo,tres puntos inferior a la media, y la tasa de actividad en personas con discapacidad es del 32%”. “En definitiva –declaró Serrano— un 68% de las personas con discapacidad no trabaja ni busca empleo, algo contra lo que lucha el programa Diputación Integra”.